Hoy en día, es típico que un interesado en comprar entidades de atención médica sujetas a procedimientos concursales (o sus activos) financie a dicha entidad durante un breve período hasta llegar al cierre de la compra (una estrategia que se usa por igual en la venta de activos de entidades que no son de atención médica). Esta estrategia habitualmente sigue un patrón común: el posible comprador o una entidad de su grupo realiza un préstamo al posible vendedor (y deudor concursal) denominado (un préstamo DIP (DIP loan), cuyo importe se usa por el deudor para realizar una oferta de compra de dichos activos en la subasta correspondiente.

Esta financiación es fundamental para el vendedor/deudor ya que éste generalmente cuenta con un flujo de efectivo insuficiente para mantener sus operaciones. Por lo tanto, necesita una financiación puente para llegar al cierre.

El tiempo es igualmente fundamental para el comprador. Cuanto más tiempo tome cerrar la venta, más financiación necesitará el deudor para mantener las operaciones lo que aumentará la contraprestación que deberá pagar el comprador por los activos. Más tiempo también implica mayores honorarios profesionales para todas las partes, incluyendo el deudor y cualquier comité de acreedores en el caso, que el comprador probablemente subsidiará.

Compradores intentan limitar este riesgo en parte estableciendo hitos y fechas objetivo para eventos importantes, como la subasta y la aprobación definitiva por parte del tribunal de la venta al comprador. Aunque un comprador prudente prevea y presupueste demoras y contratiempos, lo normal es prever el cierre de la operación en el transcurso de aproximadamente 60 días, desde la presentación de las mociones para aprobar el préstamo DIP y los procedimientos de la subasta correspondiente.

Si los contratiempos menores se convierten en largas demoras surge un problema para los compradores, ya que aumenta el precio de los activos. Las ventas de activos de entidades de atención médica son especialmente susceptibles a las demoras porque el sector está sujeto a una intensa regulación administrativa. El comprador probablemente necesitará aprobaciones administrativas, licencias, permisos, certificaciones y acreditaciones para seguir operando los activos o el negocio después del cierre, un proceso que suele involucrar varias agencias gubernamentales a nivel estatal y federal.

En particular, si el comprador necesita que el deudor venda o ceda su número de proveedor de Medicare al comprador, y el comprador tiene la intención de llegar a un acuerdo con el gobierno para limitar la responsabilidad de los sucesores en caso de reclamos futuros (por ejemplo, reclamos de pago excesivo o reclamos por fraude en virtud de la Ley de Reclamos Falsos), la negociación y la aprobación de cualquier acuerdo de conciliación podrían demorar meses.

Por ejemplo, en el caso de la quiebra del hospital de Nueva York Our Lady of Mercy Medical Center (ahora parte del centro médico Montefiore Medical Center), el comprador, el deudor y el gobierno negociaron durante meses una resolución global. De hecho, el tribunal de concursal aprobó el acuerdo entre las partes un año después de que el tribunal autorizara la venta al comprador. Consulte In re Our Lady of Mercy Med. Ctr., No. 07-10609 (Bankr. S.D.N.Y Jul. 8, 2008) (En los autos caratulados Our Lady of Mercy Medical Center,
n. 07-10609).

A modo de conclusión: aquellos compradores que contemplen financiar una empresa en concurso  para adquirirla o adquirir sus activos deben considerar detenidamente todas las variables que podrían aumentar el tiempo y el costo del cierre de la operación. Los plazos y las fechas objetivo son, como mucho, conjeturas al tratar con agencias gubernamentales y otras partes cuyos intereses es posible que no estén motivados exclusivamente por consideraciones financieras.

Consejos prácticos

Si un acuerdo con el gobierno es parte del proceso, considere detenidamente realizar una oferta excesivamente baja que solo aumentara el tiempo que tomará llegar a un acuerdo y al cierre. Dedicándole demasiado tiempo a conseguir que el gobierno acepte una oferta baja puede costar más porque, aunque tenga éxito, el tiempo adicional aumentará los honorarios legales y el monto de la financiación que necesitará el deudor para seguir operando hasta el cierre. En su lugar, compradores deben considerar realizar una oferta que tenga una mayor probabilidad de obtener una resolución global más rápida. El resultado podría no solo ahorrar tiempo, sino también ahorrar dinero.

  • Establezca una relación cooperativa con las autoridades reguladoras desde el principio. Aunque esto no garantiza un resultado rápido, puede ayudar a acelerar el proceso.
  • Recuerde que las agencias gubernamentales no tienen la misma discreción que las entidades privadas . Los compradores deben tener expectativas realistas sobre las exenciones y otras concesiones que esperan obtener del gobierno. Si el gobierno indica que no puede eximir al comprador de determinados tipos de reclamos, y la investigación sugiere que el gobierno nunca ha otorgado una exención de ese tipo, el comprador probablemente enfrentará una difícil batalla para obtener la exención.
  • Tenga en cuenta dónde y cuándo comienza el concurso, ya que la jurisdicción y la época del año también pueden afectar el tiempo que tome obtener las aprobaciones reguladoras o cerrar una venta. Por ejemplo, dada la cantidad de feriados a fin de año, podría ser mejor comenzar el proceso de venta y la financiación después del 1 de enero. Del mismo modo, algunas jurisdicciones, como Puerto Rico cuya situación financiera es difícil, celebran más feriados que otras.