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By Aaron R. Hutman,
05.20.19
El 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y líder legitimo del pueblo venezolano. El 3 de mayo de 2019, La Red Contra Delitos Financieros (“FinCEN” por sus siglas en inglés) del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos publicó un aviso sobre la corrupción política que impera en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro y las acciones que el gobierno estadounidense está implementando para prevenir actos u operaciones de lavado de dinero.
El aviso de FinCEN actualizó su anuncio previo del 2017 en el cual explicó el deber que tienen ciertas entidades financieras estadounidenses de reportar transacciones sospechosas y que puedan tener una relación con acciones corruptas por parte de políticos venezolanos. Por medio de este nuevo aviso también se informa que algunos funcionarios públicos de la administración de Maduro están abusando del programa de distribución de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción al otorgar contratos, sin cumplir con los procesos de licitación correspondientes, a entidades o individuos que continuamente implementan esquemas de lavado de dinero por medio del comercio internacional. Este programa de distribución de alimentos, conocido como el programa CLAP, fue creado en el 2016 con el propósito de proporcionar asistencia alimentaria a ciudadanos venezolanos.
Sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado por FinCEN de la información y otros datos en términos de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en ingles), existen funcionarios corruptos en el gobierno venezolano, incluyendo sus redes de contactos, que están lucrando a expensas del programa CLAP mediante esquemas de manipulación de precios y desvío de fondos. Estas personas han creado empresas fantasmas con la finalidad de captar recursos económicos provenientes de contratos comerciales y otras actividades derivadas del programa.
Este análisis que hizo FinCEN ha identificado al lavado de dinero relacionado con actividades comerciales como uno de los principales mecanismos utilizados por figuras políticas corruptas para evadir sanciones y facilitar el tránsito y blanqueo de recursos de procedencia ilícita. Existen diversas empresas fantasmas en territorios cuyos marcos regulatorios en materia corporativa y financiera ofrecen una transparencia limitada, lo cual es un impedimento para ejecutar apropiadamente medidas tendientes a controlar el antilavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El aviso también indica que en los últimos años las instituciones financieras han hecho del conocimiento de FinCEN que se han incrementado las actividades relacionadas con presuntos actos de corrupción vinculados al régimen de Maduro. De acuerdo con la opinión de FinCEN, todas las dependencias y organismos del Gobierno venezolano están expuestas a la corrupción, lo cual también involucra a importantes figuras políticas.
El aviso enumera ciertas “señales de alarma” a fin de ayudar a identificar y denunciar actividades sospechosas y que puedan ser estar relacionadas con actos de corrupción:
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesorería de los Estados Unidos ha identificado a diversas personas y entidades, con las que ninguna persona o entidad que se encuentre bajo la soberanía de Estados Unidos puede tener trato comercial alguno, entre las cuales se encuentran:
El aviso de FinCEN sirve como recordatorio para las instituciones financieras estadounidenses de la obligación que tienen de cumplir con las obligaciones de debida diligencia que les impone la ley BSA y otras regulaciones aplicables. Además de lo anterior, las instituciones financieras sujetas a esta obligación deben establecer un programa de debida diligencia con respecto a las cuentas bancarias cuyos titulares sean extranjeros, con la finalidad de que se pueda detectar cualquier acto u operación de lavado de dinero o cualquier actividad sospechosa. Cada vez que las instituciones financieras reporten cualquier actividad sospechosa, deberán de proporcionar toda la información que tengan a su disposición en relación con la misma.